La industria cripto estadounidense respalda a candidatos de los dos grandes partidos en un intento por influir en la política sobre activos digitales en el Congreso. El comité de acción política Fairshake ha previsto apoyar a 32 candidatos a la Cámara de Representantes: 19 republicanos y 13 demócratas. Seis campañas han comunicado compromisos de 1 millón de dólares cada una, mientras que las cantidades restantes todavía no se han hecho públicas.
Para el sector, la estrategia no consiste tanto en apostar por qué partido controlará el Congreso a largo plazo como en asegurar que ambos mantengan legisladores favorables a aprobar normas sobre criptomonedas.
Fairshake apunta a comités clave
Entre los candidatos republicanos con compromisos anunciados de 1 millón de dólares figuran los representantes French Hill, Bryan Steil y Bill Huizenga. Hill preside el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Steil dirige su subcomité de activos digitales y Huizenga ocupa una de las vicepresidencias del comité. El apoyo a estos legisladores dirige recursos de la industria hacia miembros que participan directamente en la elaboración de normas financieras y sobre activos digitales.
En el lado demócrata, Janelle Bynum, Steven Horsford y Derek Tran también están entre los candidatos que recibirán compromisos de 1 millón de dólares. Su relación con la industria cripto está vinculada en parte al respaldo a la CLARITY Act. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto en julio de 2025 por 294 votos a favor y 134 en contra: votaron a favor 216 republicanos y 78 demócratas. Todos los republicanos que participaron en la votación apoyaron la medida, mientras que los demócratas se dividieron.
Fairshake es un comité federal de gasto independiente. Puede financiar actividad política al margen de la campaña de un candidato, pero no coordinarse con su equipo electoral. Por eso, anunciar un apoyo de 1 millón de dólares no equivale a entregar esa cantidad en efectivo al candidato. El gasto independiente puede destinarse a publicidad y otras actividades, reduciendo la necesidad de que la campaña utilice su propio presupuesto en esas áreas y permitiéndole asignar recursos a otros asuntos electorales.
La industria busca reglas más claras para los activos digitales
Las empresas cripto estadounidenses llevan años pidiendo al Congreso que aclare cómo se clasifican los activos digitales, qué organismos reguladores deben supervisarlos, qué requisitos de registro y licencia se aplican y en qué casos los desarrolladores de software pueden asumir obligaciones legales. El sector sostiene que la incertidumbre sobre los costes operativos y los límites del cumplimiento afecta a la forma en que estructuran sus actividades los exchanges, los emisores de tokens, los desarrolladores y los usuarios.
Republicanos y demócratas coinciden en que el marco jurídico todavía necesita desarrollarse, pero no han alcanzado un acuerdo sobre el contenido de la legislación. El nombre de un proyecto y sus objetivos generales no resuelven las cuestiones prácticas. Estas dependen de las definiciones, los requisitos de divulgación, las disposiciones de supervisión y otros detalles del texto, que en última instancia determinan los costes para las empresas, el alcance de las licencias y los derechos de los usuarios.
El Senado sigue dividido por las disposiciones éticas vinculadas a la CLARITY Act, una disputa que ha ralentizado el avance del proyecto. Incluso después del respaldo bipartidista en la Cámara, los senadores todavía deben acordar cuestiones como si los funcionarios públicos pueden beneficiarse de empresas afectadas por sus decisiones oficiales. Para las compañías cripto, ayudar a que legisladores favorables entren en el proceso legislativo puede ser relativamente sencillo; convertir ese respaldo en una ley completa y aplicable dependerá de las negociaciones sobre el texto.
El gasto bipartidista refleja intereses distintos
Dado que ningún partido puede garantizar el control del Congreso a largo plazo, apoyar a republicanos y demócratas permite a la industria repartir su riesgo político. Las empresas cripto se concentran en cuánto y con qué rapidez podría influir un candidato en el registro de exchanges, la emisión de tokens o la supervisión de los activos digitales. Los votantes, en cambio, suelen decidir a partir de un conjunto más amplio de asuntos, como la vivienda, los impuestos, la inmigración y la gestión local.
Las prioridades de la industria tampoco representan necesariamente a todos los participantes del sector blockchain. Los grandes exchanges pueden buscar un marco regulatorio distinto del que reclaman los desarrolladores independientes. Los emisores de tokens pueden centrarse en normas diferentes de las preocupaciones de los clientes que quieren saber cómo se gestionarían sus fondos en caso de quiebra.
En última instancia, los derechos de los usuarios no los determinarán los anuncios electorales ni las contribuciones políticas, sino las leyes que apruebe el Congreso. Entre las decisiones pendientes están quién podrá obtener licencias de operación, qué vías de reclamación tendrán los usuarios y qué partes asumirán los costes del cumplimiento normativo.
Fairshake prevé evaluar los resultados de su apoyo después de las elecciones de noviembre. Para la industria cripto y sus usuarios, la cuestión más relevante será el contenido regulatorio que esos legisladores ayuden a redactar posteriormente. El respaldo político puede facilitar a las empresas el acceso al proceso legislativo, pero la claridad y la aplicación efectiva de las normas sobre activos digitales dependerán del texto concreto que el Congreso vuelva a examinar.