Los parques eólicos marinos de Estados Unidos siguen avanzando pese al endurecimiento de la política federal y a los litigios en curso. Revolution Wind, de Ørsted y con 704 MW de capacidad, entró en operación comercial plena en noviembre; Vineyard Wind también está plenamente operativo. Al mismo tiempo, BloombergNEF recortó su previsión de capacidad eólica marina estadounidense para 2035 de 39 GW a 5,9 GW, reflejo de cómo la incertidumbre política ha cambiado las expectativas de crecimiento del sector.
Revolution Wind opera a plena capacidad con 704 MW
El proyecto Revolution Wind, con una inversión de 6.200 millones de dólares y 65 aerogeneradores, puede generar 704 MW a plena capacidad. Comenzó a operar en noviembre, tras meses de incertidumbre política y disputas judiciales, y se convirtió en el tercer parque eólico marino de escala comercial de Estados Unidos en alcanzar la operación plena. Los anteriores fueron South Fork Wind, frente a Nueva York, y Vineyard Wind, frente a Massachusetts.
Ørsted estima que Revolution Wind puede suministrar electricidad suficiente para más de 350.000 hogares de Nueva Inglaterra. El proyecto tiene contratos de venta de energía limpia con tres compañías eléctricas de la región: Rhode Island Energy, Eversource Energy y United Illuminating.
Los tribunales permiten avanzar a cinco proyectos de la costa este
La industria eólica marina estadounidense arrancó con retraso. Block Island Wind Farm, desarrollado por Deepwater Wind, abrió en 2016 como el primer gran parque eólico marino del país. Costó 300 millones de dólares y tiene 30 MW de capacidad. South Fork Wind, el primer proyecto comercial estadounidense de más de 100 MW, comenzó a operar en 2024. Está situado frente a Nueva York, cuenta con 12 turbinas y tiene una capacidad de 132 MW.
La Administración Biden fijó el objetivo de instalar 30 GW de energía eólica marina para 2030 y aprobó durante su mandato 11 proyectos de escala comercial en aguas federales. Si se completan, se espera que aporten 19 GW de energía limpia. La Ley de Reducción de la Inflación, aprobada en agosto de 2022, incorporó varios incentivos financieros para el desarrollo de esta tecnología, mientras que las políticas estatales también estimularon la inversión. En ese contexto, empresas internacionales del sector como Ørsted, Iberdrola y Equinor comprometieron miles de millones de dólares.
Tras el inicio del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, el Gobierno emitió órdenes para suspender el desarrollo o la operación de algunos proyectos eólicos, lo que desencadenó varios litigios. Tribunales federales han dictado órdenes de paralización que afectan a operadores, mientras otros jueces han permitido que las obras continúen. A principios de este año, un juez federal resolvió que cinco parques eólicos autorizados en la costa este podían seguir en construcción. Estas decisiones han permitido avanzar a algunos proyectos ya en marcha, pero no han eliminado los riesgos regulatorios y políticos para el sector.
BloombergNEF rebaja a 5,9 GW la previsión para 2035
El Departamento de Energía de Estados Unidos calcula que el potencial técnico de los recursos eólicos marinos en aguas federales y los Grandes Lagos supera los 4.000 GW, con una generación anual teórica de unos 13.500 teravatios hora. El organismo también ha destinado más de 300 millones de dólares a proyectos de investigación, desarrollo y demostración en este ámbito. Ese potencial no se traduce automáticamente en capacidad instalable: los permisos y las condiciones políticas siguen afectando a los plazos y a la financiación de los proyectos.
Antes del inicio del segundo mandato de Trump, BloombergNEF preveía que Estados Unidos alcanzaría 39 GW de capacidad eólica marina en 2035. Desde entonces, ha reducido la estimación a 5,9 GW, aludiendo al aumento de la incertidumbre política y a que su previsión incluye proyectos ya terminados o en construcción. La nueva cifra sigue estando muy por encima de los 30 MW que estaban operativos en 2016. La puesta en marcha de Revolution Wind muestra que algunos proyectos llegan a completarse, pero el ritmo de nuevas autorizaciones y la expansión a largo plazo del sector siguen condicionados por las decisiones políticas y judiciales.