El Gobierno de Estados Unidos prepara sanciones institucionales contra la Corte Penal Internacional (CPI) que podrían restringir la mayoría de las operaciones relacionadas con el tribunal. Las medidas contemplarían un periodo de transición de entre seis y siete meses. Si se aprueban, sería la primera vez que Washington extiende las sanciones del personal de la CPI a la propia institución, con posibles efectos sobre salarios, pagos a proveedores y gastos vinculados a testigos.
El papel de la liquidación en dólares para la CPI
Una orden ejecutiva de febrero de 2025 firmada por la Administración Trump declaró que las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes constituían una emergencia nacional. En noviembre de 2024, el tribunal emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por acusaciones relacionadas con la guerra de Gaza. Israel no reconoce la jurisdicción de la CPI.
Desde entonces, Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones a varios jueces y fiscales de la CPI en La Haya. En agosto de 2026, también designó a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane. Las medidas han provocado el cierre de cuentas bancarias y la cancelación de tarjetas de crédito de algunos miembros del personal. La jueza de la CPI Kimberly Prost señaló que el principal problema era la incertidumbre: cuestiones que al principio parecían simples inconvenientes podían acumularse con el tiempo.
Los pagos en dólares suelen pasar por bancos corresponsales estadounidenses. Incluso cuando las dos partes se encuentran fuera de Estados Unidos, los bancos extranjeros pueden evitar operar con una entidad sancionada para proteger su acceso a la liquidación en dólares. Si las sanciones se amplían a la CPI como institución, los salarios, las facturas de proveedores y los gastos de testigos pagados en otras divisas también podrían quedar sujetos a revisiones bancarias adicionales o restricciones de liquidación.
Las stablecoins no ofrecen una vía segura
Las stablecoins respaldadas por dólares pueden transferir valor, en teoría, sin necesidad de una cuenta bancaria convencional, lo que las convierte en un posible canal de pagos alternativo. Sin embargo, la normativa estadounidense impone límites concretos a esta opción.
En abril de 2026, el Tesoro de Estados Unidos publicó normas al amparo de la Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act, conocida como GENIUS Act. Los emisores autorizados de stablecoins deben contar con capacidad técnica para bloquear, congelar y rechazar transacciones. También tienen que revisar las direcciones de las carteras para detectar entidades incluidas en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
Los emisores de stablecoins ya aplicaban controles similares antes de la entrada en vigor de estas normas. En abril de 2026, Tether colaboró con la OFAC para congelar unos 344 millones de dólares en USDT en la red Tron, la mayor congelación individual realizada por la empresa. Su consejero delegado, Paolo Ardoino, afirmó entonces que USD₮ no se convertiría en un refugio para actividades ilegales y que la compañía actuaría cuando identificara vínculos creíbles con entidades sancionadas o redes criminales.
Tether ya había congelado anteriormente carteras vinculadas a Irán, mientras que Estados Unidos sancionó directamente en febrero de 2026 a dos plataformas de criptomonedas con sede en el Reino Unido. Estos casos muestran que, aunque las stablecoins operan sobre cadenas de bloques, sus emisores siguen siendo entidades centralizadas capaces de aplicar la política de sanciones estadounidense.
Bitcoin sigue dependiendo de las salidas hacia dinero fiduciario
Bitcoin no tiene un emisor ni un mecanismo único de control que pueda congelar directamente las cuentas dentro de la red. En ese aspecto técnico se diferencia de las stablecoins vinculadas al dólar y administradas por un emisor. Sin embargo, sus titulares normalmente siguen necesitando una plataforma de intercambio, un custodio o un banco para convertir bitcoin en euros o dólares.
Las plataformas reguladas y las entidades financieras deben comprobar a sus clientes y las transacciones frente a las listas de sanciones. Por ello, bitcoin no elimina automáticamente las restricciones en el punto de conversión a dinero fiduciario. Para la CPI y su personal, la cuestión no es solo si los activos pueden moverse en la cadena de bloques, sino también si las contrapartes, los custodios y el banco encargado de la liquidación final están dispuestos a procesar los fondos.
El texto definitivo de las medidas propuestas, su alcance y la capacidad de la CPI para utilizar canales financieros alternativos siguen sin estar claros. Lo que sí está definido es que el sistema de bancos corresponsales en dólares, las facultades de congelación de los emisores de stablecoins y los controles de cumplimiento en el momento de convertir criptoactivos en dinero fiduciario condicionarán la capacidad del tribunal para mantener sus pagos diarios bajo un régimen de sanciones.