Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google afrontan una nueva demanda antimonopolio en Estados Unidos que las acusa de coordinarse para ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial. La denuncia sostiene que una menor presión competitiva podría reducir el valor de servicios de pago como ChatGPT, Claude, Grok y Gemini.
El caso fue presentado el 18 de septiembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California por cuatro usuarios suscritos a los servicios mencionados. Los demandantes buscan representar a otros usuarios de pago de todo el país mediante una acción colectiva propuesta. El tribunal todavía no ha decidido si el procedimiento podrá continuar como acción colectiva.
Comentarios públicos de cuatro compañías sustentan la demanda
La denuncia identifica el 12 de septiembre como una fecha clave en la supuesta coordinación. Ese día, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un artículo en el que pidió a la industria de la IA ralentizar de forma conjunta el progreso tecnológico y destinar más recursos a las medidas de seguridad. Posteriormente, el CEO de OpenAI, Sam Altman; el CEO de SpaceXAI, Elon Musk; y Demis Hassabis, cofundador y presidente de Google DeepMind, respondieron públicamente y expresaron su apoyo a la línea planteada por Amodei.
Los demandantes sostienen que el respaldo público de varios competidores importantes a un ritmo de desarrollo inferior al que surgiría de una competencia normal podría constituir una restricción coordinada. A su juicio, esa conducta podría afectar la velocidad de las actualizaciones de los modelos, las mejoras en las capacidades de los productos y el valor que reciben los usuarios después de pagar sus suscripciones.
Nick Rowley, abogado principal de los demandantes, afirmó que si las normas de seguridad de la IA y los acuerdos relacionados quedan bajo el control de pactos privados entre un grupo reducido de compañías tecnológicas orientadas al beneficio, los consumidores podrían afrontar consecuencias difíciles de evaluar. También vinculó el riesgo de que los sistemas de IA escapen al control humano con la coordinación entre empresas, aunque esas afirmaciones forman parte de las alegaciones de la demanda.
Al 19 de septiembre, Anthropic, OpenAI, Google y SpaceXAI no habían respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios. El tribunal tampoco se había pronunciado sobre el fondo de las acusaciones.
Amodei planteó una posible participación del Gobierno
En el artículo en el que pidió ralentizar el desarrollo, Amodei reconoció que ese tipo de cooperación podría suscitar problemas de competencia. Señaló que el Gobierno de Estados Unidos podría coordinar los debates sobre seguridad entre distintos laboratorios de IA o, al menos, facilitar determinadas comunicaciones relacionadas con la seguridad. Según su planteamiento, el Gobierno no tendría que participar en todas las conversaciones, pero sí podría establecer una exención para asuntos de seguridad definidos de forma estricta.
Posteriormente, Altman declaró que OpenAI respaldaba un marco federal con requisitos de seguridad uniformes. Añadió que la compañía no consideraba necesario esperar a obtener una exención antimonopolio o a que se aprobara nueva legislación para adoptar medidas destinadas a reforzar la confianza pública.
La disputa se produce mientras las compañías y los investigadores de IA examinan cada vez más si los modelos avanzados podrían operar fuera del control humano. Las conversaciones sobre normas comunes de seguridad, métodos coordinados de prueba y puesta en común de experiencias no comenzaron en septiembre. Sin embargo, cuando las declaraciones de empresas competidoras se observan dentro de una misma secuencia temporal, la frontera entre una cooperación legítima y una coordinación contraria a la competencia adquiere relevancia tanto para los usuarios de pago como para los reguladores.
Los demandantes dicen que no cuestionan la regulación
Los demandantes recalcan que no se oponen a que Anthropic, OpenAI, SpaceXAI o Google presenten recomendaciones de política sobre IA ante el Congreso, la Casa Blanca u otros organismos públicos. Tampoco cuestionan que las compañías soliciten una exención antimonopolio. Su objeción se centra en si las empresas pueden coordinarse entre ellas para ralentizar la competencia en productos y tecnología sin un marco gubernamental claramente definido.
El Gobierno de Estados Unidos mantiene posiciones divididas sobre el enfoque adecuado para regular la IA. A escala federal, los responsables políticos han promovido iniciativas para mantener la competitividad tecnológica de los laboratorios estadounidenses de IA, mientras algunos legisladores han advertido de que las compañías más influyentes del sector no deberían utilizar la cooperación en materia de seguridad para obtener protección antimonopolio y restringir colectivamente la competencia. Las conversaciones regulatorias continúan y todavía no se ha anunciado un marco definitivo que delimite los intercambios de información sobre seguridad entre empresas.
Para el mercado, el caso no se limita a determinar si las compañías pueden hablar sobre seguridad en la IA. También plantea dudas sobre el ritmo de las actualizaciones de los productos y sobre la estructura competitiva de los servicios de IA de pago. Si un desarrollo más lento se tradujera finalmente en menos mejoras de las capacidades de los modelos, los suscriptores podrían cuestionar si los precios siguen correspondiendo a los servicios que reciben. Al mismo tiempo, prohibir por completo el intercambio de información de seguridad podría generar riesgos adicionales durante el despliegue de los modelos si las compañías necesitan compartir realmente esos datos. Estas cuestiones deberán valorarse junto con las presentaciones corporativas, los cambios efectivos en los productos y las siguientes actuaciones judiciales; las acusaciones de la demanda aún no han sido acreditadas por un tribunal.