La financiación de la Seguridad Social de Estados Unidos se perfila como un asunto clave de las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026. Las encuestas indican que muchos votantes aceptarían algunas subidas de impuestos para evitar recortes automáticos, mientras las proyecciones oficiales apuntan a que las reservas del fondo de jubilación y supervivencia se agotarán en 2032. Sin una actuación del Congreso, los ingresos corrientes cubrirían cerca del 78% de las prestaciones previstas, lo que supondría una reducción generalizada de alrededor del 22%.
Los votantes priorizan evitar recortes en las prestaciones
En una encuesta realizada en 43 distritos electorales competitivos, el 83% de los votantes probables de 50 años o más afirmó que la Seguridad Social es «muy importante» o «extremadamente importante» a la hora de decidir su voto. En otro sondeo, realizado en cinco estados disputados, el 81% dijo que tendría más probabilidades de apoyar a un candidato al Senado que propusiera un plan para impedir los recortes automáticos.
Las encuestas también reflejan apoyo a nuevas cargas fiscales: el 72% de los participantes respaldó un impuesto adicional sobre las nóminas del 1% para los ingresos que superen el tope salarial de 2026. Estos resultados muestran preferencias de los votantes, pero no implican que se haya acordado una política. El Congreso aún tendría que decidir cómo abordar el déficit de financiación a largo plazo y si las subidas de impuestos deberían acompañarse de cambios en las prestaciones futuras de quienes más cobran.
La Seguridad Social no está «en quiebra», y el agotamiento de las reservas no supondría la interrupción total de los pagos. Los impuestos sobre las nóminas y otros ingresos seguirían cubriendo la mayor parte de las prestaciones previstas. El informe de los fideicomisarios de 2026 calcula que, sin medidas del Congreso, el fondo de jubilación y supervivencia agotará sus reservas a finales de 2032 y podrá pagar aproximadamente el 78% de las prestaciones programadas. Para evitar recortes generalizados, los legisladores tendrían que modificar los ingresos, el gasto o ambos antes de esa fecha.
Elevar el tope salarial, una de las principales propuestas
En 2026, los empleados pagan un impuesto de la Seguridad Social del 6,2% sobre los salarios de hasta 184.500 dólares; los empleadores aportan otro 6,2%. Los trabajadores autónomos suelen pagar el tipo combinado del 12,4%. Los ingresos que superan el tope anual quedan exentos de este impuesto sobre las nóminas.
Una opción que se debate es elevar o eliminar ese límite, de modo que las rentas más altas tributen por una mayor parte de sus ingresos. La Administración de la Seguridad Social estima que suprimir el tope cubriría alrededor del 58% del déficit de financiación a 75 años si los ingresos adicionales gravados no generasen mayores prestaciones futuras. Si también se contabilizaran para calcular esas prestaciones, la proporción bajaría a cerca del 45%. El efecto dependería de cómo se modificase el límite y de la relación entre los impuestos pagados y las prestaciones recibidas.
Otra alternativa sería aumentar gradualmente el tipo del impuesto sobre las nóminas. La Administración ha modelizado una subida anual de 0,1 puntos porcentuales del tipo combinado para empleados y empleadores a partir de 2032, hasta alcanzar el 14,4% en 2051. El tipo que pagan los empleados pasaría del 6,2% al 7,2%, con un incremento equivalente para las empresas. Se calcula que esta medida cubriría cerca del 33% del déficit a largo plazo, aunque afectaría a trabajadores de todos los niveles de ingresos, a diferencia de un impuesto limitado a las rentas que superan el tope.
Los impuestos sobre inversiones y los cambios en las prestaciones implican costes distintos
La Administración de la Seguridad Social también ha estudiado gravar los ingresos por inversiones de algunos hogares con rentas altas. La propuesta aplicaría un impuesto del 12,4% sobre los ingresos netos por inversiones o sobre los ingresos que excedan el umbral establecido, según cuál de las dos cantidades sea menor. Afectaría a declarantes individuales con ingresos brutos ajustados superiores a 200.000 dólares y a parejas que presenten una declaración conjunta con más de 250.000 dólares. La recaudación se destinaría a la Seguridad Social.
Este gravamen se sumaría al impuesto actual del 3,8% sobre los ingresos netos por inversiones, que suele aplicarse a determinadas rentas de inversión y financia Medicare, no la Seguridad Social. La Administración calcula que la nueva propuesta podría cubrir alrededor del 30% del déficit de financiación a largo plazo.
También se debaten cambios en las prestaciones. El ajuste anual por coste de vida (COLA, por sus siglas en inglés) se calcula en función de la inflación y aplica el mismo porcentaje a todos los beneficiarios; por eso, el aumento en dólares varía según la prestación que ya recibe cada persona. Una alternativa consistiría en conceder a todos el mismo aumento en dólares, calculado a partir de la prestación de una persona situada cerca del percentil 20 de la distribución. Esto podría favorecer relativamente a quienes reciben prestaciones más bajas, pero reduciría los incrementos anuales de la mayoría.
El Instituto de Políticas Públicas de AARP calcula que alrededor del 80% de los beneficiarios recibiría un aumento menor con un ajuste fijo en dólares. Por ejemplo, en 2026, un jubilado medio recibiría un incremento mensual estimado de 34,20 dólares, frente a los 57,90 dólares del COLA efectivo de ese año. La diferencia podría acumularse con el tiempo: AARP estima que un jubilado hipotético que comenzó a cobrar en 1998 recibiría en 2026 una prestación aproximadamente un 20% menor con el método fijo que con el sistema actual.
Un análisis encargado por el Committee for a Responsible Federal Budget concluyó que conceder ajustes menores a los jubilados con prestaciones más altas podría cubrir cerca de la mitad del déficit de financiación a largo plazo. La Administración de la Seguridad Social también ha modelizado reducciones del COLA de 0,5 o 1 punto porcentual anual, que, según sus cálculos, cubrirían respectivamente alrededor del 24% y el 46% del déficit.
Elevar la edad plena de jubilación reduciría más los pagos anticipados
La edad plena de jubilación es actualmente de 67 años para las personas nacidas en 1960 o después. Los trabajadores pueden solicitar prestaciones desde los 62 años, pero hacerlo antes de alcanzar la edad plena reduce permanentemente la cuantía mensual. Un aumento gradual de esa edad profundizaría la reducción para quienes soliciten la prestación antes.
La Administración de la Seguridad Social calcula que elevar gradualmente la edad plena a 68 años cubriría cerca del 11% del déficit a largo plazo; subirla a 69 años cubriría alrededor del 32%. La propuesta divide a los votantes: en la encuesta de cinco estados, el 52% se opuso a elevar gradualmente la edad de jubilación de los trabajadores más jóvenes. Quienes la apoyan citan la esperanza de vida y los costes del programa, aunque el efecto variaría entre grupos.
Los trabajadores jóvenes también podrían asumir parte del ajuste
Aunque aún estén lejos de la jubilación, los trabajadores jóvenes ya pagan impuestos a la Seguridad Social y podrían afrontar tipos más altos o prestaciones menores en el futuro. Con el aumento gradual del impuesto sobre las nóminas que se ha modelizado, el tipo para los empleados pasaría finalmente del 6,2% al 7,2%. Una persona con un salario anual de 50.000 dólares pagaría 500 dólares más al año una vez completada la subida.
El coste de la vida y los gastos de vivienda y atención sanitaria también condicionan la capacidad de los trabajadores jóvenes para ahorrar de cara a la jubilación. Una encuesta del Cato Institute de diciembre de 2025 halló que solo el 34% de los menores de 30 años creía que la Seguridad Social seguiría existiendo cuando se jubilara, mientras que el 78% esperaba recibir menos que la prestación completa prevista. En otro sondeo del National Institute on Retirement Security, el 45% de los encuestados de la generación Z y el 39% de los millennials dijeron creer que nunca recibirían prestaciones de la Seguridad Social.
El programa también ofrece prestaciones de supervivencia a hijos y cónyuges que cumplan los requisitos, además de prestaciones por discapacidad para trabajadores que ya no puedan trabajar y reúnan las condiciones. Incluso después de agotarse las reservas, los ingresos corrientes seguirían financiando una parte sustancial de las prestaciones previstas. La cuestión es si el Congreso logrará acordar cambios tributarios, ajustes de prestaciones o una combinación de ambos antes de 2032.