Meta Platforms deberá pagar una sanción civil de 25.000 millones de dólares en una demanda sobre privacidad de datos presentada en Nuevo México, después de que un jurado concluyera que la matriz de Facebook infringió la Ley de Prácticas Desleales del estado. El fallo se conoció pocas horas antes de que Meta publicara sus resultados del tercer trimestre de 2026. Las acciones de la compañía apenas reaccionaron inicialmente a la noticia.
Cambridge Analytica, en el centro del litigio
Uno de los principales asuntos analizados durante el juicio fue el acceso de Cambridge Analytica a datos de usuarios de Facebook y el uso de esa información para dirigir publicidad. Los datos se emplearon para segmentar anuncios durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, un episodio que posteriormente se convirtió en un caso de referencia en el debate sobre el uso de datos en las redes sociales y la privacidad de los usuarios.
La demanda de Nuevo México también examinó cómo Meta explicaba sus prácticas de gestión de datos a los usuarios, además de su tratamiento de la desinformación y los discursos de odio. El caso no se limitó a determinar si terceros habían obtenido información de los usuarios. También abordó si estos comprendían con claridad cómo se recopilaban, utilizaban y controlaban sus datos personales.
El juez fija una sanción civil de 25.000 millones
El juez Francis Mathew, que presidió el proceso, dictó el 21 de octubre de 2026 una resolución en la que estableció la sanción civil contra Meta en 25.000 millones de dólares. La cantidad se fijó después de que el jurado declarara responsable a la compañía, convirtiendo el caso en uno de los asuntos legales y financieros de mayor relevancia a los que se enfrenta actualmente Meta.
Mathew señaló que el perjuicio causado por la conducta era «difícil de cuantificar» y afectaba al núcleo del modelo de negocio de Facebook. Según escribió, Facebook había ofrecido durante más de una década múltiples garantías falsas sobre la seguridad de los datos y el control de los usuarios sobre su información para fomentar que proporcionaran sus datos personales.
El razonamiento del juez sitúa los datos de los usuarios no solo como una cuestión técnica o de cumplimiento normativo, sino también como un componente del modelo publicitario basado en la recopilación de información personal. Para Meta, el importe de la sanción, las condiciones de su ejecución y los procedimientos judiciales pendientes pueden influir en la evaluación que hagan los inversores sobre sus prácticas de gobierno de datos y sus posibles costes por litigios.
El mercado analiza el caso antes de los resultados
La resolución llegó apenas unas horas antes de la publicación de las cuentas trimestrales de Meta, lo que obligó a los inversores a valorar al mismo tiempo la evolución del negocio publicitario, el gasto en inteligencia artificial y la exposición legal de la compañía. Con la información divulgada hasta ahora, la cotización de Meta se mantuvo prácticamente estable tras conocerse la sanción, aunque todavía no se ha determinado su impacto financiero completo.
La información pública disponible no especifica cuándo ni cómo debería abonarse la sanción, ni si Meta seguirá impugnando el caso ante los tribunales. La posición de la empresa en las siguientes fases del procedimiento y la posibilidad de que registre un cargo relacionado en sus estados financieros serán datos relevantes para el mercado. El litigio también ha vuelto a poner bajo escrutinio la forma en que las plataformas explican la seguridad de los datos a sus usuarios, gestionan el acceso de terceros a la información y abordan su responsabilidad frente a la desinformación y los discursos de odio.