El presupuesto de Canadá para 2026 propone que los bancos y otras entidades financieras reguladas a nivel federal emitan stablecoins a través de filiales independientes no financieras. Estas quedarían sujetas a la Ley de Stablecoins, pero los tokens no estarían cubiertos por el seguro público de depósitos. La propuesta también busca incluir a determinadas entidades extranjeras y aún necesita convertirse en ley.
Los bancos emitirían stablecoins mediante filiales
Presentado el 5 de noviembre, el presupuesto plantea modificar la Ley Bancaria, la Ley de Sociedades Fiduciarias y de Préstamo y la Ley de Compañías de Seguros. Las entidades financieras reguladas a nivel federal no podrían emitir stablecoins directamente: tendrían que hacerlo mediante una filial independiente no financiera, sometida a la Ley de Stablecoins y al mismo marco que los emisores no bancarios.
La ley vigente excluye a los emisores que son entidades financieras, aunque permite establecer excepciones mediante reglamentos. Con el cambio propuesto, una filial no financiera de un grupo bancario podría quedar incluida en su ámbito. El Banco de Canadá se encargaría de registrar a los emisores no financieros, supervisar el cumplimiento, vigilar los riesgos asociados a la emisión y el reembolso de tokens y adoptar medidas de ejecución.
El marco podría abarcar a ciertas entidades extranjeras
El presupuesto propone extender las reglas a entidades financieras extranjeras que no estén sujetas a supervisión prudencial en Canadá, con el objetivo de aplicar criterios más uniformes entre los distintos tipos de emisores. Un anexo legislativo aclararía además que la emisión de stablecoins por bancos extranjeros sujetos a la Parte XII de la Ley Bancaria, así como por sus filiales, no se consideraría captación de depósitos.
La ley excluye por separado a los bancos centrales. El gobernador del Banco de Canadá podría conceder exenciones, sujetas a condiciones, cuando las normas provinciales o extranjeras fueran sustancialmente similares al marco canadiense. El alcance concreto dependería de los reglamentos, las exenciones y el texto definitivo de la ley; la propuesta presupuestaria no determina la situación regulatoria de ningún emisor específico.
Los tokens no tendrían seguro público de depósitos
Cuando entren en vigor las disposiciones pertinentes, las stablecoins reguladas deberán poder canjearse a valor nominal por la moneda a la que estén vinculadas. Los emisores también tendrán que mantener activos de reserva por un valor al menos igual al de los tokens en circulación. Esos activos deberán estar en manos de custodios autorizados y separados del resto de los activos, para protegerlos de las reclamaciones de los acreedores del emisor o del custodio, salvo cuando los titulares ejerzan su derecho de reembolso. Estas obligaciones estarán sujetas a la ley y a los reglamentos posteriores.
Los artículos 33 y 34 de la Ley de Stablecoins impedirían presentar los tokens regulados como depósitos, productos cubiertos por el seguro público de depósitos o productos garantizados o respaldados por el Gobierno. Los emisores tampoco podrían dar a entender que cuentan con esas protecciones. Por tanto, una stablecoin no pasaría a ser un saldo de ahorro asegurado por el mero hecho de que su emisor pertenezca a un banco. El presupuesto también prevé estudiar más a fondo las protecciones para los consumidores si un emisor o custodio se declara insolvente.
La fecha de entrada en vigor sigue pendiente
La Ley de Stablecoins recibió la sanción real el 26 de marzo, pero sus disposiciones operativas comenzarán a aplicarse en una fecha que fijará por separado el Gobernador en Consejo. Un borrador de evaluación del impacto regulatorio publicado el 24 de octubre fijó como objetivo el otoño de 2027 para la puesta en marcha del marco general.
La propuesta presupuestaria modifica principalmente qué entidades podrían emitir stablecoins dentro de ese marco. Los detalles de aplicación y la fecha efectiva aún dependen de nuevas medidas legislativas y regulatorias.