Tras las elecciones de mitad de mandato, los demócratas prevén recurrir a proyectos de ley e investigaciones en el nuevo Congreso para cuestionar la política arancelaria del presidente Donald Trump. Los gravámenes a los productos canadienses podrían ser su primer objetivo, aunque las reglas del Senado y la posibilidad de un veto presidencial hacen improbable que puedan derogarlos rápidamente por sí solos, incluso si cuentan con mayoría en el Congreso.
Los demócratas han vinculado los aranceles con el aumento del coste de vida y los han incorporado a su mensaje electoral. Planean presentar un paquete de proyectos de ley durante las primeras 100 horas del nuevo Congreso y examinar cómo se conceden las exenciones arancelarias. La iniciativa podría aumentar la presión política y legal sobre la política comercial del Gobierno.
Los aranceles a Canadá, primer objetivo legislativo
Abdul El-Sayed, demócrata de Michigan y senador electo, afirmó que poner fin al conflicto comercial de Trump con Canadá era algo que los demócratas «deben hacer de inmediato». Hakeem Jeffries, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, también ha situado la derogación de los aranceles entre sus prioridades. Ha pedido que el Congreso recupere autoridad sobre estas medidas y sostiene que los gravámenes de Trump encarecen los productos para los estadounidenses. Si resulta elegido presidente de la Cámara, Jeffries podría llevar al pleno legislación relacionada con los aranceles.
El senador demócrata por Oregón Ron Wyden, que previsiblemente presidirá la Comisión de Finanzas del Senado, dijo que su partido seguirá reclamando que el Congreso tenga la última palabra sobre los aranceles. Calificó la derogación de los gravámenes a Canadá de prioridad evidente, porque elevan los precios y afectan a comunidades a ambos lados de la frontera. Los demócratas también podrían intentar limitar la capacidad de un futuro presidente para ampliar los aranceles unilateralmente.
Investigación sobre exenciones y demandas judiciales
El 28 de octubre, el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland y principal miembro de su partido en la Comisión Judicial de la Cámara, pidió a Trump documentación sobre las exenciones arancelarias. Raskin cuestionó si el proceso se había utilizado para favorecer a determinadas industrias y señaló que directivos de algunas de las empresas implicadas habían hecho regalos al presidente. La investigación prolonga las críticas que los demócratas formularon durante la campaña sobre el coste de los aranceles y el supuesto trato de favor.
La política arancelaria del Gobierno también afronta varias demandas. Una, presentada el 20 de octubre, impugna el uso por parte de Trump de una ley de la época de la Gran Depresión para imponer aranceles del 50% a una serie de productos canadienses. Otra denuncia sostiene que el Gobierno intenta reactivar los llamados aranceles del «Día de la Liberación». En febrero, el Tribunal Supremo declaró ilegales esos gravámenes y, posteriormente, se ordenó devolver los 166.000 millones de dólares recaudados con esa política.
La Constitución atribuye al Congreso la potestad de establecer impuestos, aunque históricamente los legisladores han delegado parte de esa autoridad en el poder ejecutivo. Los demócratas sostienen que Trump ha excedido sus competencias arancelarias y quieren que el Congreso recupere un papel más amplio en las decisiones comerciales.
El Senado y el veto presidencial frenan una derogación
Los demócratas lograron una victoria importante en las elecciones, pero siguen lejos de los 60 votos que, por lo general, se necesitan en el Senado para superar un filibusterismo. Aunque un proyecto de ley obtuviera la aprobación del Congreso, Trump podría vetarlo. Para revocar un veto hacen falta dos tercios de los votos en ambas cámaras, por lo que los demócratas necesitarían apoyo republicano.
Incluso sin una vía clara para convertir sus propuestas en ley, los demócratas podrían forzar votaciones y mantener los aranceles en el debate político de cara a las elecciones de 2028. Kit Johnson, gerente sénior de impuestos en la práctica de aduanas y comercio internacional de BDO, señaló que el Congreso también podría incluir disposiciones sobre aranceles en leyes de aprobación obligatoria o negociar con el Gobierno.
Trump ha dicho que utilizaría el veto para obligar a los demócratas a volver a la mesa de negociación y ha mantenido una postura firme sobre los aranceles tras las elecciones. En una entrevista telefónica con Eamon Javers, periodista de CNBC, afirmó que derogarlos paralizaría el trabajo en las 3.000 fábricas que actualmente están en construcción. Trump ha presentado los aranceles como una herramienta de negociación y una fuente de ingresos públicos, y ha sostenido que los estadounidenses no asumirán su coste.
El coste para los hogares y la recaudación, en disputa
Los aranceles los pagan los importadores estadounidenses. La Tax Foundation calcula que la política arancelaria de Trump elevará en 820 dólares la carga fiscal media de los hogares de Estados Unidos en 2026. El modelo presupuestario de Penn Wharton estima que los aranceles generaron unos 300.000 millones de dólares entre enero de 2025 y julio de 2026, muy por debajo de los aproximadamente 1,2 billones necesarios para financiar la promesa electoral de Trump de pagar un «dividendo» de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense.
Tras el fallo del Tribunal Supremo de febrero se han devuelto unos 138.000 millones de dólares, mientras que quedan cerca de 20.000 millones pendientes de reembolso. En una encuesta electoral de CNBC, el 65% de los encuestados el 3 de noviembre dijo que los aranceles perjudicaban a la economía estadounidense; el 22% consideró que la beneficiaban.
No está claro si los republicanos respaldarán los esfuerzos demócratas para retirar los gravámenes. Algunos se opusieron a los aranceles durante la campaña y afrontan la presión de votantes que relacionan la inflación tanto con estas medidas como con la guerra en Irán. La posición de los legisladores que antes defendían el libre comercio podría influir en las posibilidades de modificar los aranceles mientras el partido define su postura de cara a las elecciones de 2028.