Haití ha trasladado a Florida a 18 personas acusadas de participar en el asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021, para que sean juzgadas en Estados Unidos. Moïse murió tiroteado en su residencia de Puerto Príncipe en julio de ese año. El control de amplias zonas del país por parte de grupos armados y el deterioro de la seguridad han limitado el avance de la investigación haitiana, dejando a los fiscales estadounidenses al frente de las actuaciones.
Jason Reding Quiñones, fiscal federal del distrito sur de Florida, describió el traslado como la «siguiente fase» de los esfuerzos para exigir responsabilidades a los implicados en el asesinato del presidente. Señaló que los tribunales estadounidenses siguen recibiendo acusados cinco años después del crimen y que el proceso judicial todavía no ha concluido. Hasta ahora, los fiscales de Estados Unidos han presentado cargos contra 30 personas relacionadas con el caso.
18 acusados trasladados a Florida
El grupo enviado a Estados Unidos está integrado por 17 exsoldados colombianos y Joseph Badio, antiguo funcionario del Gobierno haitiano. Badio trabajó anteriormente en una unidad anticorrupción del Ministerio de Justicia de Haití. Las autoridades estadounidenses sostienen que una empresa de seguridad con sede en Miami desempeñó un papel central en el reclutamiento de los exmilitares colombianos.
Los fiscales estadounidenses afirman que la planificación y la financiación del supuesto complot involucraron a Florida, República Dominicana y Haití. El sistema judicial haitiano ha tenido serias dificultades para tramitar el caso de forma independiente, en un contexto marcado por el control territorial de las bandas y una profunda inestabilidad social. Por ello, los detenidos fueron trasladados a Florida para afrontar procedimientos federales.
El agente del FBI Brett Skiles declaró que los arrestos coordinados en distintos lugares y países demostraban que la agencia seguía buscando a todos los participantes en la presunta conspiración. Varias personas vinculadas anteriormente al caso murieron durante operaciones de la Policía haitiana.
Los acusados podrían enfrentarse a cadena perpetua
En mayo de este año, un tribunal de Miami declaró culpables a cuatro personas por su participación en la conspiración. Los cargos incluían conspirar para matar o secuestrar a Moïse y conspirar para proporcionar apoyo material al asesinato de un presidente. Los condenados podrían recibir penas de cadena perpetua.
Sin embargo, algunos de los exsoldados colombianos han negado de forma reiterada que conocieran un plan de asesinato. Afirman que les dijeron que participarían en un golpe de Estado y que creían haber sido contratados para una operación militar, no para matar a Moïse. Sus funciones concretas y el grado en que conocían el supuesto objetivo final seguirán siendo cuestiones centrales en los procedimientos estadounidenses.
Cuando Moïse fue asesinado, hombres armados irrumpieron en su residencia de Puerto Príncipe y abrieron fuego en su dormitorio. El presidente, de 53 años, murió en el ataque. El asesinato sacudió a la sociedad haitiana y puso de manifiesto las deficiencias de las instituciones de seguridad y justicia del país. Desde entonces, la influencia de las bandas se ha ampliado y la violencia persistente ha afectado al transporte, la actividad empresarial y los servicios públicos en la capital y otras zonas del país.
La crisis de seguridad complica el calendario electoral
Los datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití indican que al menos 1.408 personas murieron y 656 resultaron heridas entre abril y junio de este año. La violencia continuada de las bandas ha dificultado el procesamiento del caso del asesinato y ha añadido incertidumbre para las empresas, el transporte transfronterizo y la actividad financiera. El avance de la causa en el sistema judicial estadounidense dependerá del traslado de los acusados, la preparación de las pruebas y la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en varios países.
Haití prevé celebrar el 13 de diciembre sus primeras elecciones presidenciales y legislativas desde 2016, aunque la celebración de los comicios en la fecha prevista sigue supeditada a las condiciones de seguridad. El traslado de los 18 sospechosos abre una nueva vía judicial para el caso en Estados Unidos, mientras que la magnitud de la violencia y las limitaciones del sistema de justicia haitiano continúan siendo factores determinantes tanto para el proceso como para el calendario electoral.