Gellert Global Group, un importador de alimentos con sede en Nueva Jersey, demandó el 20 de octubre al Gobierno de Estados Unidos para impugnar los aranceles del 50% aplicados a diversos productos canadienses al amparo de la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930. La empresa solicita al Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. que declare ilegales los gravámenes, suspenda su aplicación y ordene devolver, con intereses, las cantidades abonadas por los importadores afectados.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la base legal de estos aranceles, con posibles consecuencias para los costes de importación y las reclamaciones de reembolso de las empresas. Un fallo favorable a Gellert podría abrir la vía a devoluciones y limitar el recurso de la Administración a una norma que llevaba décadas sin utilizarse.
La Sección 338 se aplica por primera vez
En julio, el Gobierno de Trump invocó la Sección 338 para imponer aranceles del 50% a palos de hockey, vino, miel, pelucas y otros productos canadienses. La Administración alegó que Canadá había discriminado el comercio estadounidense. Fue la primera vez en los 96 años transcurridos desde la aprobación de la ley que se utilizó para recaudar aranceles.
Gellert afirma que sus productos de queso importados también están sujetos a los gravámenes. En la demanda sostiene que la Sección 338 es una disposición heredada para imponer aranceles de represalia y que, en la práctica, quedó desplazada por leyes aprobadas posteriormente. Por ello, argumenta que el poder ejecutivo no puede apoyarse en esa norma para aplicar los aranceles actuales.
Gellert pide la devolución de los pagos con intereses
La demanda solicita que el tribunal declare ilegales los aranceles, impida que el Gobierno los aplique y ordene reembolsar con intereses a los importadores que ya los hayan pagado. Gellert no especifica cuánto ha abonado la propia empresa. Aun así, la reclamación afecta directamente a sus costes de importación y a su flujo de caja.
Para los importadores de alimentos, un arancel adicional del 50% encarece la entrada de productos canadienses en Estados Unidos. Las empresas podrían tener que revisar sus proveedores, precios e inventarios, aunque el impacto dependerá de cómo se resuelva el litigio y de cualquier cambio que introduzca el Gobierno en su política arancelaria.
Liberty Justice Center vuelve a cuestionar la autoridad arancelaria
Gellert está representada por Liberty Justice Center, que anteriormente logró impugnar los aranceles recíprocos de la Administración Trump. El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló esas medidas en febrero de este año. El Gobierno está gestionando ahora los reembolsos y prevé devolver alrededor de 166.000 millones de dólares recaudados mediante esos aranceles.
Sara Albrecht, directora ejecutiva de Liberty Justice Center, afirmó en un comunicado que el caso se refiere a las atribuciones de la Presidencia, no a la persona que ocupa el cargo. Sostuvo que un presidente no debería poder recuperar una ley en desuso y utilizarla para imponer aranceles o prohibiciones de importación a una amplia variedad de productos sin límites fijados por el Congreso.
La organización también ha presentado otras dos demandas contra el uso de distintas leyes por parte de la Administración para imponer aranceles de amplio alcance. La Casa Blanca no había comentado el caso de Gellert en el momento de publicación. El proceso puede determinar cómo se aplican los aranceles a los productos canadienses afectados, qué opciones de reembolso tienen los importadores y hasta dónde puede recurrir el poder ejecutivo a leyes antiguas para modificar la política comercial.