El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el 16 de septiembre, por 38 votos a 5, a favor de avanzar la Digital Asset Tax Clarity Act (H.R. 10357). El proyecto, que abarca pagos con criptoactivos, stablecoins, negociación, préstamos, staking y minería, pasa ahora a la siguiente fase de debate en la Cámara. Tras aprobar el texto sustitutivo propuesto por su presidente, Jason Smith, el comité acordó remitir formalmente la versión enmendada al pleno.
La votación supone un avance sustancial hacia un marco fiscal federal para los activos digitales. Aunque grupos del sector valoraron la decisión, señalaron que siguen sin resolverse varias prioridades, entre ellas una exención fiscal para pequeños pagos cotidianos y el momento en que las recompensas obtenidas mediante staking y minería deben reconocerse como ingresos.
La exención de 10 dólares se limita a las comisiones
Para operaciones realizadas después del 31 de diciembre de 2027, la H.R. 10357 excluiría, por regla general, las ganancias o pérdidas de capital cuando los activos digitales se utilicen para pagar comisiones de red o de transacción elegibles de hasta 10 dólares. En el caso de las comisiones de transacción, el activo empleado para pagar también tendría que ser, por lo general, del mismo tipo que el utilizado en la transferencia subyacente.
La disposición responde a un problema fiscal surgido después de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) clasificara los activos digitales como propiedad. Cuando un usuario paga las comisiones de una blockchain con criptomonedas, ese pago puede considerarse una transmisión sujeta a impuestos, aunque el importe sea reducido y la variación de valor del activo sea limitada.
Alison Mangiero, directora de estrategia y responsable de política estadounidense del Crypto Council for Innovation, calificó la votación del comité como un paso importante. No obstante, señaló que el Congreso todavía podría ampliar la excepción de minimis propuesta para las operaciones habituales con activos digitales. La regla actual de 10 dólares se concentra principalmente en determinadas comisiones de red y transacción, y no crea una exención fiscal general para pequeñas compras realizadas con criptoactivos.
El proyecto también establecería un tratamiento fiscal específico para determinadas stablecoins denominadas en dólares y permitiría una opción contable simplificada para activos digitales negociados con frecuencia. Otras disposiciones extenderían al sector de los activos digitales algunos tratamientos aplicables a los mercados financieros tradicionales, como un puerto seguro para préstamos, el tratamiento a valor de mercado para determinados operadores y agentes, y reglas simplificadas para ciertas donaciones benéficas. El comité indicó que estas medidas buscan reducir las diferencias entre la fiscalidad de los activos digitales y la de los instrumentos financieros tradicionales.
Los activos digitales entrarían en las reglas de venta con pérdidas
El proyecto no se limita a introducir alivios fiscales específicos. También extendería a los activos digitales las reglas de wash sale y de venta constructiva, lo que limitaría estrategias basadas en las diferencias que existen actualmente en la normativa. Las criptomonedas han quedado generalmente fuera de las disposiciones de wash sale aplicables a valores y otros instrumentos financieros, una situación que ofrece a los inversores mayor flexibilidad en determinadas estructuras de operaciones.
Si se aprueba, la medida obligaría a los inversores en activos digitales a revisar las consecuencias fiscales de vender posiciones con pérdidas, recomprarlas en un periodo corto y mantener exposiciones relacionadas. El alcance exacto y la aplicación práctica dependerían de las etapas legislativas pendientes y de las normas que emita el Departamento del Tesoro.
El momento de tributar por el staking sigue pendiente
El momento en que deben reconocerse fiscalmente las recompensas de la minería y el staking continúa siendo una de las principales preocupaciones inmediatas del sector. El proyecto clasificaría como ingresos ordinarios los ingresos generados mediante actividades de validación de activos digitales y establecería reglas de atribución basadas en la ubicación del contribuyente o en el lugar donde se desarrollen las operaciones empresariales relevantes. También permitiría que determinados trusts de inversión participen en staking sin perder su condición fiscal únicamente por realizar estas actividades.
Sin embargo, el texto actual no incorpora el mecanismo de diferimiento fiscal incluido en algunas propuestas anteriores. Ese enfoque habría permitido a mineros y participantes en staking que cumplieran determinados requisitos aplazar el reconocimiento de los nuevos tokens recibidos hasta su venta. Por tanto, la H.R. 10357 aclara la naturaleza de los ingresos procedentes de la validación, pero no resuelve la preocupación del sector sobre cuándo deben reconocerse.
La diferencia es especialmente relevante para los operadores que no reciben efectivo al mismo tiempo que sus recompensas. Si los tokens obtenidos se incluyen en la renta imponible cuando se reciben, los mineros y validadores podrían afrontar una obligación fiscal antes de vender los activos. Una caída posterior del precio del token podría dejar una diferencia entre la base fiscal de adquisición y el valor finalmente obtenido.
El Tesoro deberá orientar sobre las DAO extranjeras
El proyecto también aborda las organizaciones de criptoactivos constituidas fuera de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro tendría que emitir, en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley, orientaciones sobre el tratamiento fiscal de las entidades extranjeras vinculadas a organizaciones autónomas descentralizadas, conocidas como DAO. Estas directrices abordarían cómo determinadas fundaciones podrían reorganizarse como sociedades estadounidenses y si debería establecerse un puerto seguro temporal para las entidades creadas antes del 14 de septiembre.
Miles Jennings, responsable de política y asesor jurídico general de a16z crypto, afirmó que estas disposiciones podrían ofrecer reglas más claras a los fundadores y dar a algunas fundaciones del sector una vía para regresar a Estados Unidos mediante una estructura fiscal nacional. Mangiero también consideró que las normas sobre las DAO podrían influir en el país donde se constituyen los proyectos de criptomonedas y donde se ubican los empleos, aunque subrayó que el proyecto todavía requiere ajustes técnicos.
La H.R. 10357 ha pasado del Comité de Medios y Arbitrios a la siguiente etapa de consideración en la Cámara. Para el sector, los puntos pendientes incluyen una posible ampliación de la regla de 10 dólares, el eventual diferimiento fiscal de las recompensas de staking y minería, y la forma en que se aplicarán finalmente las disposiciones sobre wash sale y las DAO extranjeras.