Los demócratas del Senado de Estados Unidos han vuelto a presentar este jueves la Stop Wall Street Looting Act of 2026, una propuesta que ampliaría la responsabilidad directa de las firmas de capital privado sobre las deudas, sentencias judiciales, obligaciones de pensiones e infracciones laborales de las empresas que controlan. El texto también limitaría las vías por las que los fondos pueden extraer efectivo y activos de sus participadas después de una adquisición apalancada.
La aprobación a corto plazo parece improbable, pero el momento político resulta relevante. El 119.º Congreso se acerca a su final y los republicanos controlan actualmente ambas cámaras. La iniciativa ya ha sido presentada en tres ocasiones y ha sido objeto de audiencias legislativas. Si los demócratas recuperan el control de la Cámara de Representantes, del Senado o de ambas instituciones tras las elecciones de mitad de mandato de este año, podrían incorporar límites más estrictos al capital privado a su agenda legislativa.
El proyecto amplía la responsabilidad de las firmas
La disposición central vincularía de forma más directa a las firmas de capital privado y a sus partes controladoras con las obligaciones financieras y legales de sus empresas participadas. Según la propuesta, las firmas podrían responder por la deuda, las sentencias judiciales, las obligaciones de pensiones y las conductas ilícitas de esas compañías, en lugar de quedar expuestas únicamente de forma indirecta a través de una estructura de inversión.
El proyecto también restringiría las distribuciones posteriores a una adquisición apalancada. Una participada no podría distribuir fondos a los inversores durante los primeros cuatro años posteriores a la compra. Transcurrido ese periodo, las distribuciones no podrían superar el 10% de la deuda total de la compañía. La propuesta eliminaría además determinadas protecciones concursales de las que actualmente se benefician las firmas de capital privado, lo que facilitaría recuperar fondos transferidos a esas firmas después de que una participada entrara en concurso. El periodo de revisión de esas transferencias se ampliaría a 15 años.
Reclamaciones laborales y avisos de despido
En los procedimientos concursales, el proyecto elevaría de 10.000 a 20.000 dólares la cantidad con prioridad de cobro para cada empleado y eliminaría el plazo vigente de 180 días para presentar reclamaciones. Cuando los tribunales examinaran ventas de activos de empresas con riesgo de quiebra, también tendrían que dar preferencia a las ofertas que permitieran conservar puestos de trabajo.
Las firmas de capital privado podrían responder asimismo cuando sus participadas incumplieran la Worker Adjustment and Retraining Notification Act, conocida como WARN Act. Esta ley obliga a los empleadores a avisar con antelación a los trabajadores y a los gobiernos locales antes de realizar despidos a gran escala. Los cambios propuestos impedirían que las firmas evitaran esa responsabilidad alegando únicamente que la empresa participada es una entidad jurídica independiente.
Comisiones, deducciones de intereses y carried interest
El tratamiento fiscal constituye otra parte importante de la iniciativa. El texto establecería un impuesto del 100% sobre las comisiones que las empresas participadas paguen a los gestores de fondos privados y limitaría la capacidad de las compañías para deducir los gastos financieros generados por un endeudamiento excesivo. El objetivo de estas medidas es reducir las ventajas fiscales asociadas al aumento del apalancamiento en las empresas participadas.
El proyecto también eliminaría el tratamiento fiscal del carried interest que permite a los gestores de inversiones aplicar tipos de ganancias de capital a determinadas remuneraciones. Para el sector del capital privado, los cambios podrían afectar a las estructuras de financiación de las adquisiciones apalancadas, los acuerdos de comisiones de gestión y los ingresos efectivos recibidos por los gestores de fondos.
La SEC exigiría información sobre propiedad y resultados
Si se aprobara, la ley crearía nuevos requisitos de información para los gestores de capital privado bajo la supervisión de la Securities and Exchange Commission, la SEC. Entre los datos exigidos figurarían la estructura de propiedad de los fondos privados, sus niveles de deuda, el desempeño operativo de las empresas participadas, las contribuciones políticas y las prácticas laborales.
Las firmas también tendrían que informar trimestralmente sobre los préstamos organizados por sus asesores y financiados por fondos privados. Para inversores y reguladores, estas divulgaciones ofrecerían mayor visibilidad sobre las relaciones de control, el apalancamiento y los flujos de fondos, aunque podrían elevar los costes operativos y de reporte de los gestores.
Los activos de capital privado superan los 9 billones de dólares
La iniciativa llega mientras el capital privado ha ampliado su presencia en amplias áreas de la economía estadounidense. Los datos citados en el proyecto muestran que los activos de los fondos de capital privado pasaron de unos 4,5 billones de dólares en 2020 a más de 9 billones en 2025, prácticamente el doble en cinco años.
Los impulsores del proyecto han señalado especialmente el mercado de la vivienda. Una ley de vivienda aprobada por el Congreso en julio de este año impide a los grandes inversores institucionales que poseen más de 350 viviendas unifamiliares comprar más propiedades de ese tipo. Los legisladores demócratas consideran que esa medida demuestra que existe cierto respaldo en el Congreso a limitar la expansión de los grandes inversores institucionales, y quieren aplicar ideas regulatorias similares a la sanidad, el cuidado infantil, la vivienda y los periódicos locales.
Por ahora, la iniciativa probablemente influirá más en las expectativas sobre la dirección de la futura regulación que en la operativa inmediata de los fondos de capital privado. Su avance dependerá del partido que controle el Congreso después de las elecciones de mitad de mandato y de las negociaciones sobre responsabilidad corporativa, prioridades en los procedimientos concursales y política fiscal. Las firmas de capital privado y sus participadas seguirán con especial atención los niveles de deuda, las distribuciones, los procedimientos de despido y la información sobre las comisiones de gestión.