California se acerca a una decisión sobre la Proposición 40, que plantea un impuesto extraordinario a los milmillonarios. Los economistas Owen Zidar, de Princeton, y Eric Zwick, de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago, sostienen que reformar las normas del impuesto inmobiliario —vigentes desde hace casi 50 años— podría recaudar más y reducir la dependencia del estado de los mercados bursátiles y de las rentas más altas.
La Proposición 13 limita los impuestos inmobiliarios desde 1978
Los votantes de California aprobaron la Proposición 13 en 1978. La norma fijó el impuesto inmobiliario en un máximo del 1% del valor catastral y limitó las subidas anuales al 2%. Por lo general, los inmuebles solo se vuelven a valorar a precios de mercado cuando se venden o se someten a una reforma sustancial. Como los precios de la vivienda han aumentado más deprisa que los valores sujetos a impuestos, se ha ampliado la brecha entre el valor de las propiedades y la recaudación.
Zidar y Zwick calculan que los propietarios californianos pagan, de media, un impuesto equivalente a cerca del 0,8% del valor de sus viviendas. Esa tasa generaría unos 100.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2025. A su juicio, la Proposición 13 ha reducido el peso de los impuestos inmobiliarios en los ingresos públicos y ha dejado al estado más expuesto a los impuestos sobre la renta, en particular a los gravámenes sobre las ganancias de capital.
California tiene la estructura de impuesto sobre la renta más progresiva de Estados Unidos, con un tipo marginal máximo del 13,3%. Al sumar los impuestos federales, algunos contribuyentes pueden afrontar tipos superiores al 50%. Se estima que el 1% con mayores ingresos aporta hasta la mitad de la recaudación estatal. Esta concentración hace que los ingresos públicos sean sensibles a los mercados financieros: la recaudación por ganancias de capital suele aumentar cuando los mercados avanzan y puede caer cuando se debilitan.
La tasa inmobiliaria de California es inferior a la de Texas
Zidar y Zwick sitúan en torno al 2% el tipo medio del impuesto inmobiliario que pagan los propietarios en Texas, frente a aproximadamente el 0,8% en California. Si California elevara los impuestos residenciales hasta la media texana, la recaudación procedente de las viviendas podría más que duplicarse, según sus estimaciones. Los precios de la vivienda, en cambio, podrían caer alrededor de un 13%.
En el libro que escribieron conjuntamente, The Everywhere Millionaire, y en comentarios relacionados, los economistas defienden que modificar las reglas inmobiliarias ampliaría la base tributaria. Así contribuirían más propietarios con grandes patrimonios pero ingresos relativamente bajos, en lugar de depender tanto de un grupo reducido de contribuyentes con rentas elevadas.
Los impuestos inmobiliarios más altos de Texas también han provocado malestar entre los votantes. El estado no cobra impuesto sobre la renta personal, pero los gobiernos locales sí aplican gravámenes a la propiedad, y los residentes han expresado su preocupación por la carga total. California podría afrontar una reacción similar si se derogaran o flexibilizaran sustancialmente los límites de la Proposición 13, ya que muchos propietarios verían subir de forma considerable sus facturas fiscales.
La recaudación prevista por la Proposición 40 está en disputa
La Proposición 40 impondría un impuesto único del 5% sobre los activos de los residentes de California con un patrimonio neto superior a 1.000 millones de dólares. Los sindicatos que respaldan la medida calculan que podría recaudar entre 100.000 y 100.000 millones de dólares para compensar los recortes federales al gasto sanitario.
Los partidarios sostienen que los milmillonarios de California conservarían una parte sustancial de su patrimonio incluso después de pagar el impuesto, especialmente en medio del auge de la inteligencia artificial. Sus detractores advierten de que el gravamen podría frenar el crecimiento económico y las empresas emergentes, obligar a sus fundadores a vender participaciones importantes y llevar a residentes adinerados a trasladarse a otros estados, con un posible coste para los ingresos públicos a largo plazo.
También hay dudas sobre cómo se definiría la base imponible y si la medida podría aplicarse según lo previsto. Laura Tyson, exasesora económica de la Casa Blanca, y Lenny Mendonca, antiguo asesor económico jefe del gobernador de California, Gavin Newsom, afirman que seis milmillonarios potencialmente afectados ya han abandonado el estado. Según sus cálculos, esas personas podrían haber aportado alrededor de una cuarta parte de la recaudación prevista por la Proposición 40.
Tyson y Mendonca también han señalado que un impuesto nuevo sobre el patrimonio total no se ha puesto a prueba en la práctica y podría dar lugar a numerosos litigios, lo que añade incertidumbre a las estimaciones de ingresos.
El debate enfrenta distintas formas de repartir la carga fiscal
California prevé gastar 540.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal actual. Zidar y Zwick consideran que depender de unos pocos centenares de milmillonarios difícilmente cubrirá las necesidades presupuestarias del estado a largo plazo. Una base más amplia para el impuesto inmobiliario permitiría repartir una mayor contribución entre cientos de miles de propietarios adinerados.
Tyson y Mendonca han señalado otras posibles fuentes de ingresos: elevar los impuestos a las empresas, gravar las ganancias de capital realizadas o no realizadas, limitar más las ventajas fiscales —como las aplicables a los intereses acumulados— y aumentar los impuestos sobre sucesiones.
La discusión sobre la Proposición 40 va, por tanto, más allá de un impuesto único a los milmillonarios. También plantea cómo distribuir la carga fiscal de California y reducir su dependencia de un grupo pequeño de contribuyentes y de ingresos sensibles a los mercados. Cualquier cambio en la Proposición 13 afectaría las facturas de muchos propietarios; la recaudación de la Proposición 40 dependería del resultado de la votación y de cómo se aplicara la medida.