Las autoridades federales de Estados Unidos acusan a dos directivos de CANARX de participar en la importación ilegal de medicamentos con receta durante varios años. John Thomas Howard, director financiero y consejero de la empresa, fue detenido el domingo y afronta cargos de contrabando y conspiración, entre otros. Su hermano Bob Howard, presidente y consejero, sigue en busca y captura. El caso vuelve a poner bajo escrutinio los programas de medicamentos extranjeros vinculados a planes de salud empresariales y la seguridad de la cadena de suministro farmacéutica.
John Thomas Howard afronta varios cargos federales
Documentos judiciales presentados el martes indican que John Thomas Howard está acusado de contrabando y conspiración. La orden de detención también recoge cargos por introducir medicamentos mal etiquetados en el comercio interestatal e importarlos ilegalmente. Por el momento, no ha presentado una declaración de culpabilidad o inocencia.
En una declaración jurada, Dustin Dobbs, agente especial de la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), afirmó que los investigadores consideran que hay causa probable para concluir que CANARX importó medicamentos con receta de forma ilegal o ayudó a introducirlos en el país. El documento no identifica los fármacos investigados. La denuncia penal abarca el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2017 y el 15 de abril de 2026. Bob Howard aún no ha sido detenido.
Joseph Morris, asesor jurídico de CANARX, señaló que los dos hermanos niegan las acusaciones y las impugnarán, y que confían en quedar exonerados ante los tribunales.
CANARX suministraba medicamentos mediante planes de salud empresariales
Fundada en 2002 y con sede en Windsor, Ontario, CANARX se define como un servicio internacional de suministro de medicamentos con receta para el mercado estadounidense. En su sitio web indica que obtiene fármacos de Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.
La compañía ha participado en programas de financiación alternativa (AFP, por sus siglas en inglés) utilizados por planes de salud de empresas. Estos programas facilitan el acceso a medicamentos especializados de alto coste y, en algunos casos, los empleadores exigen a los trabajadores inscritos que los obtengan a través de esa vía.
Por lo general, los programas adquieren medicamentos en el extranjero y los envían directamente a los pacientes. La FDA ha advertido de que esta práctica puede implicar importaciones ilegales y plantear riesgos para la seguridad. La controversia se centra en si se pueden importar medicamentos con receta para uso personal en Estados Unidos. La agencia contempla excepciones en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando un fármaco no está disponible en el país. Sin embargo, sostiene que, por regla general, no se pueden importar medicamentos extranjeros para sustituir a otros aprobados por la FDA.
La FDA incautó un envío y advirtió a CANARX
La FDA lleva varios años examinando las operaciones de CANARX. En 2023 incautó un envío de medicamentos de la empresa al considerar que los productos podían estar mal etiquetados o ser falsificados. En una carta de advertencia de 2019, la agencia afirmó que la actividad de CANARX sustituía medicamentos aprobados por la FDA y recetados por profesionales sanitarios estadounidenses por otros que no contaban con su aprobación.
Morris sostuvo entonces que CANARX no había engañado a los pacientes, aunque aceptó dejar de importar medicamentos que requieren la administración de un médico. En una entrevista el año pasado, afirmó que los fármacos enviados a pacientes de Estados Unidos procedían de países con una regulación estricta y defendió la legalidad del negocio. La declaración jurada de la causa penal actual no detalla qué medicamentos están bajo investigación ni cómo era la cadena de suministro.
Gilead mantiene una demanda aparte por importaciones de Biktarvy
En un proceso civil independiente que sigue sin resolverse, Gilead Sciences acusó a CANARX y a otras empresas de importar ilegalmente Biktarvy, su tratamiento contra el VIH. CANARX no ha respondido a esa demanda. Gilead afirmó que presentó el caso para proteger a los pacientes y la cadena de suministro farmacéutica de Estados Unidos, además de respaldar las medidas del Gobierno frente a conductas que podrían poner a los pacientes en riesgo.
Las acusaciones penales aún deben resolverse en los tribunales y los documentos de la investigación no identifican los medicamentos implicados. CANARX niega que sus directivos hayan actuado ilegalmente. La causa penal y la demanda civil de Gilead avanzan por separado, y tanto los hechos como las cuestiones jurídicas de ambos procesos están pendientes de determinación.