La computación cuántica aún no supone una amenaza inmediata para los criptoactivos, pero prepararse para un posible ataque futuro podría llevar años. Unos 2 billones de dólares en activos digitales dependen de la criptografía de curva elíptica, frente a un valor total del mercado cripto cercano a los 2,8 billones. Reducir esa exposición exige coordinar cambios entre redes blockchain, custodios y titulares. No existe un mandato común para migrar, por lo que siguen sin resolverse tanto quién asumirá el coste de las mejoras como qué hacer con los activos cuyos propietarios no puedan ser localizados.
Las normas poscuánticas ya existen; las redes deben adaptarse
Se considera que la criptografía de curva elíptica podría ser vulnerable ante un ordenador cuántico suficientemente potente. En 2024, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) aprobó normas de criptografía poscuántica, que ofrecen alternativas para su adopción. Sin embargo, esos estándares no protegen por sí solos los criptoactivos existentes: las cadenas de bloques deben admitir primero nuevos tipos de firma para que después puedan adaptarse las carteras y los proveedores de custodia.
En Bitcoin, la preocupación se centra en la criptografía utilizada para las firmas. Esto no significa que el sistema de hash, la minería o todo el registro histórico de la red vayan a fallar de golpe. Aunque la exposición se concentre en las carteras, las consecuencias financieras podrían ir más allá de los titulares afectados. Las pérdidas de grandes saldos o los controles de stablecoins protegidos por claves vulnerables podrían repercutir en contrapartes, mercados y otros protocolos.
Las firmas más grandes elevan los costes de red y almacenamiento
La migración también plantea retos técnicos. Una firma ECDSA convencional ocupa unos 64 bytes, frente a aproximadamente 3.309 bytes para una firma ML-DSA-65: alrededor de 52 veces más. Una firma ML-DSA-87 ocupa unos 4.627 bytes, sin contar las claves públicas de mayor tamaño que también requiere este esquema.
El aumento del tamaño de las firmas elevaría el tráfico de red y las necesidades de almacenamiento. También podría afectar a las comisiones, las previsiones de capacidad y los dispositivos de almacenamiento en frío y sistemas de custodia diseñados para manejar datos más pequeños. Las configuraciones multifirma pueden reducir ciertos riesgos operativos, pero añadir más bloqueos no resuelve una debilidad criptográfica si las firmas siguen dependiendo del mismo mecanismo vulnerable. El almacenamiento en frío limita el riesgo de robo de claves o de dispositivos comprometidos, pero no impide que un atacante deduzca una clave privada a partir de una clave pública si se rompe la criptografía subyacente.
La responsabilidad de la transición está repartida por todo el ecosistema. Los desarrolladores de protocolos deben incorporar la compatibilidad; los custodios dependen de que las redes subyacentes la ofrezcan, y quienes guardan sus activos por cuenta propia tendrán que actuar. Las comunicaciones entre nodos, el consenso, las pruebas de conocimiento cero, los puentes entre cadenas y la infraestructura de custodia se apoyan en distintos supuestos criptográficos. Cambiar únicamente las firmas de las transacciones no cubriría todos los componentes del sistema.
Los primeros en migrar asumirán costes; los activos perdidos plantean otro problema
Aunque el riesgo todavía parezca lejano, los participantes pueden tener incentivos para esperar. Las organizaciones que actualicen pronto tendrán que financiar el desarrollo, modificar sus sistemas de custodia y revisar sus equipos y procedimientos. Quienes lo hagan más tarde podrán observar cómo evolucionan la tecnología y los estándares. Si cada actor opta por actuar con cautela, la transición del conjunto del sector podría prolongarse.
Es posible que las grandes plataformas de intercambio y los custodios, que controlan cantidades importantes de activos, sean los primeros en avanzar. Los proveedores más pequeños y los titulares particulares podrían tardar más. Coinbase también ha señalado el problema de las carteras abandonadas o inaccesibles: una migración voluntaria no garantiza que se actualicen las cuentas inactivas, y los titulares que han perdido sus claves no pueden completar el proceso.
Si las direcciones antiguas siguen funcionando indefinidamente, los activos no migrados podrían permanecer expuestos. En cambio, fijar una fecha límite obligaría a decidir qué hacer con los fondos que no se hayan movido: congelarlos, destruirlos o aplicar otras restricciones. Cada alternativa podría provocar disputas de gobernanza y, por ahora, no hay una respuesta sencilla.
Las reglas y los plazos determinarán qué ocurre con los activos sin migrar
Entre las opciones figuran retirar gradualmente las firmas antiguas, pedir a plataformas y custodios que restrinjan los tipos de dirección vulnerables o promover la migración mediante condiciones de seguro, requisitos de contrapartes institucionales y normas regulatorias. No se han establecido reglas ni un calendario comunes. Una transición sin fecha de cierre evitaría presionar de inmediato a los titulares para que muevan sus activos, pero podría mantener claves antiguas en el sistema durante años. Un plazo firme adelantaría el debate sobre qué hacer con los fondos que no se hayan migrado.
El objetivo de migración para 2029 propuesto por Google se aplica a sus propios sistemas. No significa que las capacidades cuánticas vayan a estar disponibles ese año ni fija una fecha límite de seguridad para el sector cripto. Aun así, actualizar protocolos, carteras, custodios, plataformas y cuentas particulares lleva tiempo. El mercado no solo debe evaluar cuándo podrían los ordenadores cuánticos amenazar la criptografía actual, sino también acordar los requisitos de migración y las reglas para los activos que no puedan trasladarse a tiempo.