Los beneficios empresariales en Estados Unidos alcanzaron niveles récord, mientras que la recaudación federal por el impuesto de sociedades disminuyó. Un análisis del Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) concluye que 706 empresas rentables pagaron el año pasado impuestos federales corrientes equivalentes, en promedio, al 10,4% de sus beneficios, muy por debajo del tipo legal del 21%. De ellas, 114 no pagaron impuesto federal corriente. El ITEP señala que, para las arcas públicas, el efecto conjunto de los incentivos fiscales en muchas empresas pesa más que el número de compañías sin pagos corrientes.
El Departamento del Tesoro registró unos 381.000 millones de dólares en ingresos por el impuesto de sociedades durante el ejercicio fiscal que terminó el 30 de septiembre. La cifra supone una caída aproximada del 15%, o 70.000 millones, respecto al ejercicio anterior. Según las estimaciones del ITEP, los incentivos fiscales ahorraron a las 706 empresas analizadas un total de 198.000 millones de dólares el año pasado. Estos datos han reavivado el debate sobre la fiscalidad empresarial, en un contexto de presión persistente sobre el déficit federal.
114 empresas no pagaron impuesto federal corriente
El ITEP calculó los tipos a partir de los informes anuales presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), en lugar de recurrir a los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que tardan más en publicarse. El análisis concluye que más de 700 empresas con beneficios tributaron a un tipo federal corriente medio del 10,4%, menos de la mitad del 21% legal. Más de 250 compañías tuvieron un tipo efectivo inferior al 7%.
Entre las 114 empresas sin pagos federales corrientes figuran Tesla, Walt Disney, United Airlines y DoorDash. Matt Gardner, investigador sénior del ITEP y autor del informe, advirtió de que centrarse solo en esas compañías ofrece una imagen incompleta. Muchas grandes empresas sí pagaron impuestos, pero a tipos inferiores al 21%; en conjunto, el ahorro resultante tiene un efecto mayor sobre la recaudación federal, señaló.
Los beneficios empresariales se concentran en un grupo relativamente reducido de grandes compañías. Cuando estas tributan por debajo del tipo legal, el ahorro puede repercutir de forma significativa en los ingresos fiscales. Gardner afirmó que la menor factura tributaria de las empresas más rentables importa más para la capacidad fiscal del Gobierno que el recuento de compañías sin obligación corriente de pago.
La recaudación cayó pese al aumento de los beneficios
Los datos mensuales del Tesoro muestran que los ingresos por el impuesto de sociedades bajaron a unos 381.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal terminado el 30 de septiembre, alrededor de un 15% menos que el año anterior. El artículo también indica que la recaudación acumula una caída superior al 25% desde 2024.
Los beneficios empresariales siguieron el camino contrario. En los 12 meses hasta mediados de 2026, alcanzaron un récord de 4,7 billones de dólares, un 17% más que en los 12 meses anteriores.
La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) calcula que la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), del presidente Donald Trump, elevará el déficit federal en 3,4 billones de dólares durante la próxima década. La estimación contempla una reducción de ingresos de 4,5 billones, parcialmente compensada por un recorte del gasto de 1,1 billones. Las rebajas fiscales a las empresas forman parte de un debate presupuestario más amplio, con opiniones divergentes sobre sus efectos en la inversión y el crecimiento económico.
I+D y amortización concentran parte del ahorro fiscal
Los incentivos fiscales a las empresas preceden a la actual Administración. En 2018, el Gobierno de Trump redujo el tipo federal del impuesto de sociedades del 35% al 21%. La OBBBA, aprobada en julio del año pasado, mantuvo ese tipo, hizo permanentes algunas disposiciones fiscales e incorporó nuevos incentivos. Entre ellos figuran la deducción inmediata de los gastos nacionales en investigación y desarrollo (I+D) y una amortización adicional del 100% para determinados activos empresariales adquiridos después de enero de 2025.
Gardner señaló que las empresas recurren especialmente a los incentivos vinculados a la I+D y a la amortización. El ITEP estima que Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta ahorraron conjuntamente 46.000 millones de dólares mediante esas dos disposiciones. El uso de estos beneficios fiscales coincidió con las fuertes inversiones de las grandes tecnológicas en infraestructura de inteligencia artificial (IA), aunque el informe no concluye que todo el ahorro se destinara a esos proyectos.
Las solicitudes de Meta para acogerse a incentivos de I+D han suscitado preguntas entre legisladores. A raíz de unas acusaciones, varios senadores cuestionaron si la empresa clasifica centros de datos de IA como «modelos piloto» experimentales para optar al crédito fiscal de investigación. Este mes, miembros demócratas de la Comisión de Finanzas del Senado —Ron Wyden, Sheldon Whitehouse, Elizabeth Warren, Catherine Cortez Masto, Maggie Hassan, Ben Ray Luján y Peter Welch— escribieron al consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, para pedirle explicaciones antes del 31 de octubre. Preguntaron en qué se diferencian las inversiones declaradas para obtener el incentivo de los costes habituales de equipar centros de datos.
Los senadores afirmaron que el crédito federal para I+D puede respaldar la innovación y la investigación de frontera, pero pusieron en duda que subvencionar la construcción de centros de datos para IA cumpla ese objetivo. Meta respondió que es uno de los mayores inversores en I+D de Estados Unidos y que ha gastado más de 200.000 millones de dólares en los últimos cinco años, incluidos 57.000 millones el año pasado.
Un portavoz de Meta sostuvo que los centros de datos optimizados para IA son novedosos frente a las instalaciones tradicionales y requieren pruebas y experimentación extensas. La compañía considera que esas inversiones nacionales encajan con las actividades que el Congreso pretendía fomentar mediante los incentivos fiscales. La controversia se centra en qué costes de los centros de datos pueden acogerse al tratamiento fiscal de I+D.
Gardner prevé que las empresas sigan utilizando los incentivos de amortización e I+D, ya que las disposiciones correspondientes son permanentes. Si un futuro Congreso o Gobierno no modifica la política, estas medidas seguirán influyendo en la factura fiscal de las compañías y en los ingresos federales.
El efecto de los incentivos divide a economistas y legisladores
Quienes defienden subir los impuestos a las empresas sostienen que los ingresos adicionales podrían contribuir a reducir el déficit, rebajar los tipos de interés y facilitar futuras emisiones de deuda y el crecimiento económico. Sus detractores advierten de que una mayor carga fiscal podría frenar la inversión, debilitar la competitividad estadounidense en los mercados internacionales y limitar el crecimiento.
Adam Michel, director de estudios de política tributaria del Cato Institute, ha defendido algunos de estos incentivos. En un artículo publicado en abril, recordó que el crédito fiscal para I+D cuenta con apoyo bipartidista desde su introducción bajo la Ley de Recuperación Económica de 1981. Según Michel, las disposiciones de amortización pueden reducir los ingresos sujetos a impuestos a corto plazo y aumentar la capacidad de inversión de una empresa, sin necesariamente disminuir el total nominal de impuestos que debe pagar.
Michel afirmó que acogerse a disposiciones permitidas por la ley no es impropio por sí mismo. Estas políticas cuentan con respaldo de ambos partidos y pueden incentivar las inversiones que los legisladores buscaban promover. El debate, por tanto, no se limita a qué empresas pagan impuestos: también abarca si los incentivos impulsan eficazmente la I+D y la inversión de capital, y si sus beneficios justifican la menor recaudación federal.